NORMATIVIDAD PERUANA SOBRE EL ABORTO

Las normas peruanas sobre el aborto han tenido cambios a lo largo de la historia. El primer Código Penal, promulgado en 1863, sancionaba el aborto en general pero consideraba como atenuantes el aborto por móvil de honor y el aborto consentido por la mujer. El primero buscaba salvar el honor de la mujer soltera embarazada y de su familia, que sería marginada socialmente pues al nacer el/la hijo/a iba a ser evidente que habría tenido relaciones sexuales   fuera del matrimonio. Por otro lado, el aborto consentido por la mujer conllevaba pena atenuada siempre que ésta tuviera por lo menos dieciséis años.

El Código Penal de 1924 regulaba y sancionaba a todas las figuras del aborto, exceptuando el aborto terapéutico, es decir, cuando están en riesgo la salud y la vida de la mujer embarazada.

El Código Penal de 1991, actualmente vigente, sigue la misma tendencia del código anterior. Penaliza todas las formas de aborto excepto el terapéutico, e incluye como figuras atenuantes el aborto ético o sentimental y el aborto eugenésico.

 

El aborto en el Código Penal actual

Modalidad

Descripción del tipo penal

Sanción

Auto aborto

(Artículo 114°)

La mujer que causa su aborto o consiente que otro lo practique.

Pena privativa de libertad no mayor de 2 años,    o prestaciónde           servicio comunitario de 52 a 104 jornadas.

Aborto consentido

(Artículo 115°)

El que causa el aborto con el consentimiento de la gestante.

Pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años.

Si sobreviene la muerte de la mujer y el autor pudo preverla.

Pena privativa de libertad  no menor de

2 ni mayor de 5 años.

Aborto             sin

consentimiento

(Artículo 116°)

El    que    hace    abortar    a    una    mujer    sin    su consentimiento.

Pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años

Si sobreviene la muerte de la mujer y el autor pudo preverla.

Pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años.

Agravante

(Artículo 117°)

El   médico,   obstetra,   farmacéutico,   o   cualquier profesional sanitario, que abusa de su ciencia o arte para causar el aborto.

Pena  privativa  de  libertad    establecida en las modalidades de aborto consentido y sin  consentimiento,  inhabilitación.

Aborto

preterintencional

(Artículo 118°)

El que, con violencia, ocasiona un aborto, sin haber tenido  el  propósito  de  causarlo,  siendo  notorio  o constándole el embarazo.

Pena privativa de libertad no mayor  de 2 años, o prestación de servicio comunitario de 52 a 104 jornadas.

Aborto terapéutico

(Artículo 119°)

Aborto practicado por un médico con el consentimiento  de  la  mujer  embarazada  o  de  su

representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente.

No es punible.

 

 

Atenuantes

(Artículo 120°)

Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual o de inseminación artificial no consentida, fuera del matrimonio, siempre que los hechos hubieran sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente.

Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses.

Cuando es probable que el ser en formación conlleve al   nacimiento   graves   taras   físicas   o   psíquicas,

siempre que exista diagnóstico médico.

Pena privativa de libertad no mayor de 3 meses.

 

La Constitución indica que el embrión (denominado concebido1) es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece; es decir, no lo ampara de forma absoluta. Esto significa, por ejemplo, que la posibilidad de desarrollo del embrión no necesariamente debe primar sobre la vida y la salud de las mujeres. Es importante recordar que ningún derecho es absoluto (ni siquiera el derecho a la vida, pues se puede tomar la vida de otra persona en legítima defensa) y que ante la colisión de dos derechos se tiene que realizar una ponderación de los mismos.

El aborto terapéutico, a pesar de ser legal en nuestro país, se practica en muy pocos hospitales del Estado, aduciendo la falta de un protocolo o guía de atención. No garantizar el acceso al aborto terapéutico constituye un atentado contra los derechos de las mujeres, al poner en riesgo su vida, su salud y su derecho a decidir.

En el año 2005 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sancionó al Estado peruano por forzar a la adolescente K.L. a continuar con un embarazo anencefálico y lo exhortó a tomar medidas para que estos casos no se repitan. Asimismo, en el 2011, el Comité de la CEDAW responsabilizó al Estado de violar los derechos humanos  de la  adolescente  L.C.  al no  realizarle el  aborto terapéutico, lo  que  ocasionó  daños graves  y permanentes a su salud. Recientemente, en mayo de 2012, el Comité DESC aprobó sus Observaciones Finales para el Perú, en las que, entre otros puntos, recomiendan la aprobación de un protocolo nacional para el aborto terapéutico.

Católicas por el Derecho a Decidir‐Perú demanda que el Estado garantice los derechos fundamentales de las mujeres  y  respete  su  libertad  para decidir.  Asimismo,  tiene  que  fortalecer  sus  políticas  para prevenir embarazos no deseados, implementar la educación sexual integral, incrementar el acceso a anticonceptivos modernos  (incluida  la  anticoncepción  oral  de  emergencia), eliminar  la violencia  de género,  entre  otras medidas. Creemos que la maternidad tiene que ser decidida y deseada y no puede ser un castigo.