CONSENSO DE MONTEVIDEO: “GOBIERNOS AVANZANDO EN LA AGENDA DE IGUALDAD Y DERECHOS”

Durante el mes de agosto de este año, en Montevideo  (Uruguay) se reunieron representantes oficiales y de la sociedad civil de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y aprobaron el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que contiene acuerdos para reforzar la implementación de los asuntos de población y desarrollo después de 2014.

En el marco de esta reunión se analizó la situación que vive América Latina y el Caribe, donde a pesar de  los avances en estos 20 años, se sigue posicionando como la región más desigual del mundo[1], con alta incidencia de embarazos en adolescentes, alta mortalidad materna por causas en su mayoría evitables, alta incidencia de abortos inseguros y clandestinos y violencia de género, entre otros problemas que son necesarios atender. En este sentido, se evidenció la necesidad inmediata de que los gobiernos de América Latina y el Caribe implementen acciones con voluntad política e inversión de recursos para garantizar el disfrute y ejercicio del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, con igualdad de género. Asimismo, para el cumplimiento y garantía de los derechos se reafirmó dentro del Consenso la laicidad del Estado como principio fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las mujeres.

Cabe resaltar que algunos países de la región, expusieron grandes avances dentro de los cuales destacaron:

  • Uruguay,  que  cuenta  con  un  programa  para  la  prevención  y  atención  de  abortos  en embarazos hasta las doce semanas, mediante el cual ha logrado disminuir la mortalidad materna.
  • Brasil por su parte, ha tenido avances legislativos y actualmente brinda atención de aborto en servicios públicos, es decir aborto no punible en casos de riesgo para la vida de la mujer,  feto anencefálico y violación sexual.
  • Cuba ha mostrado avances incluyendo el acceso a un aborto seguro no punible antes de las doce semanas.
  • Argentina expuso sus avances legislativos como el de la ley del matrimonio igualitario y la identidad de género.
  • Ecuador expuso avances en salud sexual y reproductiva con el derecho a la salud como medio para lograr el buen vivir.

Los compromisos asumidos por los Gobiernos

El Consenso  de  Montevideo incluye  más  de  120  medidas  sobre  9  temas  identificados  como prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas. Dentro de los temas abordados figuran:

  1. La Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.
  2. Derechos, necesidades y demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
  3. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
  4. Acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva
  5. Igualdad de género
  6. Migración internacional y la protección de los derechos de todas las personas migrantes
  7. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad ambiental
  8. Pueblos indígenas, interculturalidad y derecho
  9. Afrodescendientes, derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Dentro  de   los   temas  mencionados  es   necesario  enfatizar  en   la   necesidad  de   garantizar  los derechos, necesidades y  demandas de  los  niños, niñas, adolescentes y  jóvenes, para lo  cual los países acordaron garantizar a  todos estos grupos las  oportunidades para tener una  vida libre de pobreza y de  violencia, sin  ningún tipo  de  discriminación e invertir más en  juventud, especialmente en  educación pública, así  como implementar programas de  salud sexual y reproductiva integrales y dar  prioridad a la prevención del  embarazo en  la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, entre otras.

En   relación  al acceso  universal  a  los   servicios  de   salud  sexual  y  reproductiva,  se   contempla promover políticas que  aseguren que  las  personas puedan ejercer sus  derechos sexuales y  tomar decisiones al  respecto de  manera libre y  responsable, con   respeto a  su  orientación sexual, sin coerción,  discriminación  ni    violencia.   Asimismo  los    países  se    comprometen  a   revisar   las legislaciones, normas y  prácticas que  restringen el  acceso a  los  servicios de  salud reproductiva, y garantizar  su   acceso  universal.  De   igual  forma,  acordaron  asegurar  la   existencia  de   servicios seguros y de  calidad de aborto para las  mujeres que  cursan embarazos no  deseados en  los  casos en que   el  aborto es  legal, como es  el  aborto terapéutico en  nuestro país, e  instar a  los  Estados a avanzar  en   la   modificación  de   leyes  y   políticas  públicas  sobre  la   interrupción  voluntaria  del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes.

Sobre igualdad  de    género,  las    delegaturas  acordaron  entre  otras  medidas  cumplir  con    el compromiso  de   incrementar  los   espacios  de   participación  igualitaria  de   las   mujeres  en   la formulación de las políticas en todos los  ámbitos del  poder público, hacer efectivas las acciones preventivas que  contribuyan a la erradicación de  todas las  formas de  violencia contra las  mujeres y las niñas, y garantizar la corresponsabilidad del  Estado, el sector privado, la comunidad, las familias, las  mujeres y hombres en  el  trabajo doméstico y de  cuidado no  remunerado, integrándolo en  los sistemas de protección social.

Desafío para los  Estados

El Consenso de  Montevideo adquiere relevancia central para el desarrollo de  las  poblaciones pues constituye la reafirmación de una  agenda necesaria y urgente que  permitan garantizar los  derechos sexuales y derechos reproductivos sin  ningún tipo  de  discriminación. El desafío es que  no  quede en una  mera declaración sino que  los  Estados realicen las  acciones necesarias e inviertan los  recursos necesarios para cumplir con  estos compromisos en  un  marco de  derechos humanos, como Estados democráticos  y   consecuentemente  laicos,  fortaleciendo  la   participación  ciudadana,  y    con   la seguridad de la presencia de una  sociedad civil  que  seguirá vigilante y activa.

En  este marco es necesario que  los  Estados garanticen la integralidad e indivisibilidad en  la agenda de  los  derechos sexuales y  derechos reproductivos como derechos humanos, a  cumplir con   los tratados suscritos en esta materia y  los  que  están contenidos en el Plan de Acción del  Cairo, ya que su  desatención es  responsable de  las  graves e  injustificadas brechas y  desigualdades que  azota a nuestra  región.  Por   tanto  es   urgente  legislar  e   invertir  en   la   mejora  de   la   salud  sexual  y reproductiva y en  la  eliminación de  todas aquellas barreras que  están afectando el  control de  sus propias decisiones reproductivas.

Católicas por  el Derecho a Decidir –Perú, hace un  llamado a las  y los  legisladores/as a garantizar el cumplimiento  de   normas  nacionales  y   acuerdos  internacionales  que   garanticen  los   derechos humanos, especialmente los  derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco del fortalecimiento del  Estado laico como garantía de la democracia.

 

[1] Según UN-HABITAT. “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe". Agosto 2012