La pandemia por COVID-19 ha puesto de relieve la precariedad de nuestro sistema de salud, exacerbando las barreras que enfrentan las mujeres y las personas gestantes para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva y al aborto terapéutico frente al riesgo para su salud integral o vida.
Las medidas de aislamiento social han complicado la movilización y el acceso a un servicio de salud oportuno, sobre todo para mujeres pobres o que viven en zonas rurales o en comunidades indígenas. Incluso donde el aborto es accesible, se ha vuelto considerablemente más difícil su implementación. Durante los meses de abril a junio de 2020, el Instituto Nacional Materno Perinatal con sede en Lima Metropolitana realizó solo 2 procedimientos de abortos terapéuticos. Esta data evidencia el impacto de la emergencia sanitaria para la atención de las emergencias obstétricas, en este caso del aborto terapéutico.
La violencia sexual hacia las mujeres no ha parado en este contexto de aislamiento social. Esto se vio reflejado en las 17 mil denuncias de violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes atendidos por la Línea 100 durante los 107 días que duró la cuarentena. Del total de denuncias, 513 casos fueron hacia niñas menores de 14 años. Solo 30% de las víctimas tuvieron acceso al kit de emergencia para prevenir un embarazo no deseado. Las estadísticas arrojaron también que, de enero a septiembre de este año, 679 niñas menores de 14 años fueron madres producto de la violencia, siendo 20 niñas menores de 10 años (Minsa, 2020).
La pandemia ha dejado al descubierto la ineficiente implementación del aborto terapéutico en los servicios públicos de salud. En algunos casos, los médicos reacios han utilizado la excusa, para no realizar abortos que eran casos de atención “no esencial” o “no urgente”. A la fecha, el Minsa (2020) ha reportado 270 casos de muertes de mujeres asociadas a complicaciones asociadas a su embarazo. El 43% de estas muertes pudieron prevenirse con el acceso oportuno a un aborto terapéutico.
Nos acercamos al Día Internacional de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro conscientes de que el contexto social y económico ha cambiado sustancialmente, y que las barreras para el acceso oportuno al aborto terapéutico podrían incrementar la mortalidad materna y los embarazos no deseados, siendo las mujeres pobres, rurales e indígenas las más afectadas.
Por lo expuesto, alertamos y exigimos al Estado:
• Eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna incorporando en el conjunto de prestaciones de los servicios de salud sexual y reproductiva medidas para atender de manera oportuna a las gestantes, los partos y el aborto terapéutico.
• Eliminar las barreras que impiden a las mujeres y víctimas de violencia sexual el acceso oportuno a los servicios de aborto legal y de atención a la violencia basada en género.
• Asegurar la atención de los programas de salud sexual y salud reproductiva en el contexto de emergencia nacional, en específico, el acceso oportuno a métodos anticonceptivos modernos y eficaces, y a la atención de las víctimas de violencia sexual.
Lima, 28 de septiembre de 2020.