¿EL PERÚ ES UN ESTADO LAICO?

Un Estado laico es aquel cuyas políticas se basan en derechos y no en mandatos religiosos, además no establece privilegios hacia ninguna iglesia. El principio de laicidad está vinculado con los derechos a la igualdad y no discriminación, así como con las libertades de conciencia y de religión, contemplados en la Constitución Política del Perú.

Formalmente, el Perú sería un Estado laico. A nivel constitucional, el segundo párrafo del artículo 50° señala que el  Estado “respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas.” De igual forma, la Ley de Libertad Religiosa  (Ley N° 29635, promulgada el 21 de diciembre de 2010), precisa en el segundo párrafo de su artículo 2°: “El Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. En igualdad de condiciones, gozan de los mismos derechos, obligaciones y beneficios”.

Sin embargo,  se observa que no hay coherencia en nuestra normatividad puesto que, por un lado, se proclama el respeto de la libertad y la igualdad religiosa y, por el otro, se reafirma el compromiso del Estado con la Iglesia católica. Precisamente, el primer párrafo del artículo 50 de la Constitución indica que “(…) el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración.” Asimismo, en el preámbulo constitucional se invoca al “Dios Todopoderoso”.

No podemos dejar de mencionar el Concordato firmado con la Santa Sede (Decreto Ley N° 23211, suscrito el 19 de julio de 1980), en el que el Estado peruano le otorga una serie de beneficios  a la Iglesia católica, como: a) El sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia que continuará como hasta el momento de su suscripción. Las asignaciones personales no tienen carácter de sueldo ni de honorarios, y no están sujetos al pago de tributos (artículo 8); b) La Iglesia católica seguirá gozando de exoneraciones y beneficios tributarios (artículo 10); c) Se continuará impartiendo en los centros educativos públicos, como materia ordinaria, el curso de religión católica, y el obispo respectivo aprobará el nombramiento de los profesores de dicha asignación (artículo 19).

¿Por qué es importante para los y las ciudadanas que el Perú sea un Estado laico?

 

El nivel de laicidad de un Estado se evidencia en sus decisiones y políticas aprobadas, las que sí afectan la vida  cotidiana  de  las  personas.  En el  Perú  se  comprueban  pocos  avances  en  garantizar  los  derechos sexuales y derechos reproductivos, puesto que los dogmas religiosos influyen en las políticas de Estado referidas a estos temas. La jerarquía católica y grupos fundamentalistas laicos influyen en muchos/as decisores/as políticos/as para que las personas, especialmente las mujeres, no puedan ejercer sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Ejemplos importantes son la decisión del Tribunal Constitucional, en el año 2009,   para prohibir la distribución de la AOE (Anticoncepción Oral de Emergencia) en establecimientos públicos de salud, atentando contra el derecho a la salud de las mujeres, ya que genera que las mujeres de escasos recursos económicos   no   puedan      acceder   a   este   anticonceptivo,   afronten   un   embarazo   no   deseado   y, probablemente, un aborto clandestino. En el caso de una violación sexual, los servicios públicos de salud tampoco pueden otorgar este anticonceptivo de emergencia a la mujer agredida.

Otro ejemplo de interferencia de credos religiosos en las decisiones gubernamentales es la falta de aprobación del protocolo de aborto terapéutico, permitido legalmente a partir de la promulgación del Código Penal de 1924. Con ello, las mujeres tienen que arriesgar sus propias vidas al realizarse estas prácticas de manera clandestina e insalubre y se ven vulnerados sus derechos a la salud y a decidir libremente.

Un ejemplo adicional es la inexistente pero urgente implementación de los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de Educación. Así, el derecho a la educación e información es vulnerado por el mismo Estado.

Además, la laicidad plantea que la educación pública no debería favorecer a ninguna religión, por lo tanto, no debería ser obligatoria la enseñanza de la religión católica. En nuestro país, los y las escolares pueden exonerarse de este curso pero eso implicaría que su promedio sea el mínimo aprobatorio (11), por lo que prefieren llevar el curso para evitar una disminución considerable en su promedio de notas.

El otorgamiento de asignaciones presupuestales y la atribución de exoneraciones de impuestos a la Iglesia católica generan una importante reducción en el presupuesto destinado a sectores con demandas urgentes como educación (remuneraciones y capacitaciones a docentes, construcción de escuelas, etc.) y salud (construcción y equipamiento de establecimientos de salud, acceso a medicamentos, ampliación del seguro integral, etc.).

En la investigación Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas, publicado por Católicas por el Derecho a Decidir – Perú en el 2011, el 66.7% de personas católicas entrevistadas en Lima consideran que la Iglesia no debe influir en políticas estatales, evidenciando que la mayoría de esta población demanda un Estado laico.

¿Cómo las autoridades pueden fortalecer el Estado laico?

Las autoridades pueden proponer políticas públicas que garanticen los derechos de las personas. Entre ellas destacarían:

• Acceso a la educación sexual integral en los centros educativos.

• Acceso irrestricto a métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia, para prevenir los embarazos así como las ITS y el VIH.

• Aprobación del protocolo del aborto terapéutico.

• Eliminación del curso de religión de la currícula educativa y convertirlo en un curso de ética.

• Eliminar asignación de  recursos y exoneraciones tributarias a la Iglesia católica y destinar ese presupuesto a obras y proyectos orientados a mejorar los sectores salud y educación.

Precisamente, respecto a este último punto, hace unos días, Mario Monti, el primer ministro italiano, ha anunciado una propuesta legislativa para que la Iglesia católica pague impuestos por sus propiedades, en territorio italiano, que sean utilizadas para fines no religiosos.

Las autoridades peruanas también pueden plantear medidas similares, además podrían promover una acción  de  inconstitucionalidad  contra  el  Concordato,  tal  como  se  ha  hecho  en  otros  países  de Latinoamérica, como Colombia, en donde se declaró inconstitucionales algunos artículos del Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede. La sentencia de la Corte Constitucional resalta  la  contrariedad  del  Concordato  con  la  Constitución,  por ejemplo,  respecto  a  libertad  religiosa precisando que habría una discriminación hacia las otras confesiones religiosas cuando en los planes educativos oficiales se incluya obligatoriamente las enseñanzas de la iglesia católica[1].

Creemos que un Estado laico se construye y el primer paso es su reconocimiento legal. En CDD Perú apostamos por el fortalecimiento de nuestro Estado, que se reconoce como laico pero que no lo evidencia al  momento  de  promover  políticas  referidas  a  garantizar  los  derechos  humanos,  especialmente  los derechos sexuales y derechos reproductivos, reconocer el pluralismo y la diversidad de sus ciudadanos y ciudadanas.

El primer día de cada mes le enviaremos la hoja informativa. En el próximo número se abordará el tema de violencia sexual.

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) es una organización sin fines de lucro integrado por mujeres católicas y feministas que expresan su compromiso con la búsqueda de la justicia social y la promoción de los derechos de las personas, particularmente los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, y tienen como principios el respeto a la libertad de conciencia y el derecho a decidir.   CDD Perú es parte de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, que está conformada también por Brasil, Ecuador, México, Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Nicaragua y Argentina.

 

[1] Abad, Samuel. Libertad religiosa y Estado democrático: a propósito del debate constitucional. p. 68. En: Estado laico:

a la sombra de la iglesia. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2003.