¿QUÉ PUEDE HACER EL ESTADO PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA SEXUAL?

La violencia sexual constituye una violación de derechos humanos y afecta la integridad física, emocional y social de las personas, impactando en su salud, calidad de vida y opciones de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo[1]”.

Perú presenta la más alta tasa de denuncias por violación sexual en la región[2]. La violencia sexual es un problema de gran notoriedad en nuestro país y presenta cifras alarmantes. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú, en el año 2010 se registraron, a nivel nacional, 5,273 denuncias por violación de la libertad sexual, es decir, entre 14 y 15 denuncias por día. Pero, estas cifras no representan la totalidad de casos de violencia sexual, ya que muchas mujeres no denuncian estos hechos.

El 93.8%  de las denuncias registradas en el 2010 tuvo como víctimas a mujeres. Esto evidencia el predominio de un sistema de género jerárquico que vulnera la ciudadanía de las mujeres. Las más jóvenes, más pobres y con menor educación se encuentran más expuestas a la violencia, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, se suman diversas discriminaciones para acentuarlas y generar más desigualdad y vulneración.

Muchas mujeres afrontan embarazos no deseados producto de la violación sexual

De acuerdo a las denuncias presentadas a la Policía Nacional del Perú, el 43.8% de las mujeres agredidas tenían edades que fluctúan entre 14 y 17 años, y en el 22.5% de los casos se trató de mujeres mayores de 18 años. Es decir, casi 7 de cada 10 de las víctimas de violencia sexual son mujeres en edad reproductiva y podrían resultar embarazadas producto de una violación. Esta tendencia es similar también en los años anteriores.

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú considera que la maternidad no puede ser obligada ni puede ser asumida como un castigo. Por ello, las mujeres deben tener la posibilidad de decidir si continúan o no un embarazo producto de una violación. Pero en la actualidad, el Estado no garantiza ni respeta la libertad para decidir de las mujeres y penaliza el aborto por violación sexual. Con ello, los derechos de las mujeres son doblemente vulnerados ya que se violenta, en primer lugar, su libertad sexual y, posteriormente, sus derechos reproductivos.

Estudios diversos revelan que la mayoría de la población limeña, incluida la población católica, está de acuerdo con el aborto por violación sexual. De acuerdo a la VIII Encuesta anual sobre la situación de la mujer, realizado por la Universidad de Lima en el

2010, el 57.2% aprueba el aborto por violación sexual y en el nivel socioeconómico más alto llega a 75.3%. En la investigación Sexualidad, religión y Estado: percepciones de católicos y católicas, publicada en el 2011 por Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, el 62% de la población católica entrevistada de Lima también expresó su aprobación.

Marco normativo sobre la violencia sexual

La Constitución Política del Perú consagra el derecho de las personas a una vida libre de violencia (artículo 2, inciso 24, literal h). La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Ley N° 28983 (2007), plantea desarrollar políticas, planes y programas para la prevención, atención y eliminación de la violencia   contra las mujeres. El Plan Nacional Contra la Violencia

Hacia la Mujer 2009-2015 tiene como un objetivo estratégico identificar y promover la transformación de patrones socioculturales que legitiman la violencia hacia las mujeres.

Los delitos contra la libertad sexual están tipificados en el Código Penal desde el artículo 170° al 183°, y son: violación sexual, actos contra el pudor, proxenetismo, explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo, las exhibiciones y publicaciones obscenas y la pornografía infantil. Además, está vigente la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por el  Estado peruano el 7 de diciembre de 2000, reconoce diversas formas de violencia sexual tales como: violación sexual, esclavitud sexual, prostitución forzada, esterilización forzada y otros actos de violencia sexual de gravedad comparable, en los que se incluyen: la unión forzosa, el aborto forzado, la mutilación genital. Además, reconoce que el embarazo forzado es una forma de violencia sexual.

El Estado Peruano, al ratificar el Estatuto de Roma en el año 2001, adquirió el compromiso de adecuar la legislación interna al contenido del Estatuto. En el año 2002 se constituyó una Comisión Especial Revisora del Código Penal, de acuerdo a Ley N° 27837 del 4 de octubre de 2002, para este propósito pero su propuesta legislativa no llegó a debatirse en el Congreso. Luego, una nueva comisión planteó un proyecto de ley que reconocía las diversas formas de violencia sexual  y despenalizaba el aborto eugenésico y por violación sexual. Una vez más, esta propuesta no se debatió en el pleno y fue archivada.

El aborto por violación sexual es legal en varios países latinoamericanos como: Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y México D.F. En el caso de Argentina, el 13 de marzo de 2012, la Corte Suprema de Argentina precisó la interpretación que se le debe dar al Código Penal, que  considera como no punible el aborto por violación sexual en el caso de mujer “idiota o demente”. La Corte confirmó, de forma unánime, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que permitió interrumpir el embarazo a una adolescente que fue violada sexualmente. De acuerdo al criterio de la Corte, no deberían ser sancionadas las mujeres que interrumpan su embarazo luego de una violación sexual ni tampoco los médicos que lo practiquen.

¿Qué medidas puede tomar el Estado para eliminar la violencia sexual?

Los proyectos de ley que buscan incrementar las penas a las personas que cometen violencia sexual   son importantes pero insuficientes porque no abordan el problema de manera integral. La prevención es indispensable para eliminar este problema.

Católicas por el Derecho a Decidir – Perú considera que se deben enfatizar las medidas preventivas, especialmente  dirigidas a niños, niñas y adolescentes. El Estado debe implementar  los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación  Sexual  Integral,  elaborados por  la  Dirección  de  Tutoría  y  Orientación Educativa  del  Ministerio de  Educación  y aprobados mediante Resolución Directoral N° 180-2008-ED. La publicidad sexista también debe ser sancionada por promover relaciones desiguales y estereotipos de género.

Asimismo, CDD Perú enfatiza que el Estado debe garantizar el derecho a decidir de las mujeres en caso tengan un embarazo no deseado producto de la violación.

El Estado debe impulsar políticas transversales de género que promuevan la  igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, porque mientras exista discriminación hacia las mujeres no se podrá eliminar la violencia.

 

[1] Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud. Organización Mundial de la Salud. Washington: 2002.

[2] Mujica, Jaris. Violaciones sexuales en el Perú 2000-2009. Un informe sobre el estado de la situación. p.53