ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL Y EL DERECHO A DECIDIR

¿Qué es el derecho a decidir?

Las libertades de información, opinión y expresión, así como la libertad de conciencia, están contempladas en el artículo 2, incisos 4 y 5 de la Constitución Política del Perú. El derecho a la libertad está estrechamente vinculado con el derecho a decidir, pues sólo en libertad podemos tomar una decisión.

A lo largo de nuestra vida tomamos muchas decisiones: qué queremos estudiar, cómo queremos vivir, etc. El derecho a decidir es el derecho individual que tenemos todas las personas a tomar decisiones sobre nosotros/as mismos/as y nuestros cuerpos sin ningún tipo de interferencias. Estas decisiones tienen que ser respetadas y garantizadas por el Estado.

El artículo 6° de la Constitución Política del Perú reconoce a las personas y las familias el derecho a decidir su maternidad y paternidad responsables. Ante un embarazo no deseado por violación sexual, las mujeres deciden si lo continúan o no, y el Estado tiene que garantizar esa decisión en el marco del reconocimiento a las mujeres como sujetas de derecho con autonomía. Para muchas mujeres, continuar ese embarazo representa una doble violencia a sus derechos: primero a su libertad sexual y luego a sus derechos reproductivos.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), suscrito por el Estado peruano, indica en  su  párrafo 7.3  que  las  mujeres tienen derecho a  adoptar decisiones relativas a  la reproducción sin  sufrir  discriminación, coacciones ni  violencia. Hay  que  considerar que las  decisiones  que  se relacionan con el cuerpo forman parte de la esfera privada de cada persona y están protegidas por el derecho a la intimidad.

¿Cuál es la postura de la Iglesia católica respecto al aborto?

El Código de Derecho Canónico, cuerpo normativo de la Iglesia católica, estipula en el canon 1398 que la sanción al aborto es la excomunión. Sin embargo, el canon 1323 precisa que no hay pena cuando la persona que infringe la ley, en este caso, la mujer: es menor de 16 años, actuó presionada por miedo, actuó por evitar un grave daño, ignoraba que infringía una ley, actuó en legítima defensa, actuó por violencia o de manera accidental, o carecía de razón o sufría alguna deficiencia mental.

Las propias normas de la Iglesia católica plantean motivos a considerar frente al aborto. Pese a ello, su jerarquía no expone esta información pero sí juzga y desorienta a las mujeres. Cuando el cardenal Juan Luis Cipriani[1] señala que “no hay una sola mujer que no desee tener a su hijo”, cierra los ojos  a la realidad y a los derechos de las mujeres. Lo cierto es que, muchas mujeres, incluso católicas, deciden interrumpir su embarazo.

Opiniones de la población sobre aborto por violación sexual

Las decisiones que toman las personas son producto de la propia reflexión y dependen de los valores que cada uno/a posee, y no de los dictados de altos funcionarios de instituciones religiosas o del gobierno[2]. Diferentes encuestas de opinión realizadas en la ciudad de Lima reafirman esta idea.

La VIII Encuesta Anual sobre la Situación de la Mujer, realizada por la Universidad de Lima el año 2010, el 57,2% de las personas limeñas señaló estar a favor del aborto en caso de violación sexual, llegando al 75,3% en el caso de los y las entrevistados pertenecientes al nivel socioeconómico más alto. Esta tendencia es similar en las encuestas realizadas en años anteriores. De igual forma, en la investigación Sexualidad, religión y Estado: percepciones de católicos y católicas, realizada por CDD Perú y presentada en el 2011, se recoge que el 62% de las personas católicas de Lima considera que debe permitirse el aborto en caso de violación sexual, el 64% está a favor del uso de la anticoncepción oral de emergencia (incluido casos de violación sexual) para evitar embarazos no deseados. Además, el 64% cree que la persona que debe decidir sobre el aborto es la mujer embarazada, mientras que el 71% cree que las mujeres que abortan no deben ir a la cárcel.

Sin embargo, los resultados de estas encuestas no son recogidos por las autoridades. El Estado debe implementar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto por violencia sexual, teniendo como base los derechos a la dignidad y a la no discriminación. Algunas medidas son promover la distribución gratuita de la anticoncepción oral de emergencia, implementar la educación sexual integral, plantear sanciones efectivas para las personas violadoras, etc. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a decidir de las mujeres sobre sus proyectos de vida.

Los datos también evidencian que las personas diferencian su fe de la política. Incluso dentro de la misma Iglesia católica se explicita una pluralidad de ideas, que se basa en las diferentes experiencias de vida de las personas. Es decir, la población católica tiene discrepancias con la jerarquía católica.

En este marco, Católicas por el Derecho a Decidir‐Perú enfatiza en la necesidad de fortalecer el Estado laico. Sólo en un Estado laico se promueven políticas públicas que tienen como base los derechos humanos y se garantiza el derecho a decidir de las mujeres, dejando de lado las intervenciones de la jerarquía de las iglesias. Así, las mujeres que decidan continuar un embarazo producto de una violación sexual lo harán, pero otras no. Y ambas decisiones deben ser legales.

 

[1] http://www.larepublica.pe/25‐03‐2012/cipriani‐no‐hay‐una‐sola‐mujer‐que‐no‐desee‐tener‐su‐hijo 2 Lamas, Marta. Las fronteras del derecho a decidir. En: www.catolicasporelderechoadecidir.net/cdd_art_femina.php?id=8