AGENDA PENDIENTE EN DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS EN EL PERÚ

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos y garantizan que las personas ejerzan su sexualidad y reproducción en condiciones de igualdad, equidad y autonomía sin ningún tipo de discriminación, coerción ni violencia.

Los derechos sexuales son los derechos que tienen las personas vinculados a decidir y ejercer con libertad y autonomía su sexualidad, mientras que los derechos reproductivos son los derechos que tienen todas las personas para decidir libre y responsablemente acerca de su reproducción.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos están contemplados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), de carácter vinculante para el Estado, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, 1993). A nivel nacional, la Constitución Política del Perú reconoce derechos vinculados como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y mental, a la libertad de información, a la intimidad personal, a la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de conciencia. Además, están amparados en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley Nº 28983), la Ley General de Salud (Ley Nº 26842), así como en el Plan Estratégico Nacional para la reducción de la mortalidad materna y perinatal 2009-2015.

Situación actual de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Perú

Anticoncepción: Las mujeres aún enfrentan barreras para acceder a anticonceptivos. Solo el 50,5% de las mujeres unidas y que tienen entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo moderno[1]. La Defensoría del Pueblo[2] ha informado de dos problemas críticos: desabastecimiento de anticonceptivos modernos (incluyendo píldoras e inyecciones, métodos modernos más utilizados por las mujeres unidas) y cobros indebidos e ilegales, a pesar de que este servicio tiene que ser gratuito.

Anticoncepción oral de emergencia: En el año 2009, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que se abstenga de distribuirla gratuitamente a nivel nacional, desconociendo los estudios científicos de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos netamente anticonceptivos de la AOE. Esta prohibición vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación (artículos 2° incisos 2 y 6 de la Constitución Política) de las mujeres pobres, ya que no pueden acceder a este anticonceptivo de manera gratuita, mientras que las mujeres no pobres pueden comprarlas en farmacias. Además, a raíz de esta prohibición, las víctimas de violación sexual ven vulnerado su derecho a decidir su maternidad (artículo 6° de la Constitución), pues ya no se les otorga gratuitamente esta píldora que podría evitarles un embarazo no deseado.

Indemnidad sexual: En el año 2006, la Ley N° 28704[3] modificó el Código Penal  y, con ello, toda relación sexual entre y con adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años se considera automáticamente como delito de violación sexual, sin importar si hubo consentimiento o no. Esta disposición ha tenido un impacto negativo en el acceso de los adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Embarazo adolescente y educación sexual: De acuerdo a la ENDES Continua 2010, el 13.5% de las adolescentes encuestadas ya son madres o están embarazadas por primera vez. Esta alarmante cifra hace necesaria y urgente la implementación de manera completa y a nivel nacional de los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para la Educación Sexual Integral elaborados por el Ministerio de Educación. Se requiere legislar explícitamente acerca de la capacidad de los y las adolescentes para recibir orientación y atención en salud sexual y reproductiva sin la autorización de sus padres y madres y, por ello, el artículo 4° de la Ley General de Salud se ha convertido en una barrera legal que discrimina a los y las adolescentes en su derecho a la salud.

Aborto terapéutico: El aborto terapéutico, es decir, aquel que sirve para salvar la vida de la gestante o proteger su salud de daños graves y permanentes es permitido legalmente desde 1924. Sin embargo, aún no se ha aprobado el protocolo de atención para estos casos. La actual gestión del Ministerio de Salud ha elaborado una Guía Técnica para la Atención Integral de la Interrupción Voluntaria por indicación Terapéutica del Embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado, que ha sido derivada, innecesariamente, en consulta a otros ministerios. La guía presenta algunos obstáculos para acceder a la interrupción como la necesidad de contar con un testigo al momento de firmar el consentimiento informado, así como que la mujer tiene que obtener una respuesta positiva no solo de una Junta Médica sino también de un Comité de Ética Hospitalario. Estas dos cuestiones, también observadas por la Defensoría del Pueblo y la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, atentan contra el derecho a decidir de las mujeres de manera informada y autónoma y a la celeridad que requiere atender una situación como la expuesta.

VIH: Hasta inicios de 2012, se notificaron 74749 personas con VIH y Sida[4], y se evidencia el avance de la feminización del VIH. En el 2011, por cada cien mujeres con VIH existían 287 hombres con VIH, mientras que en el 2010,   fue de 321 . Además, el 11,7% de mujeres unidas en edad fértil no tiene conocimientos acerca de cómo prevenir el VIH[5]. Esto evidencia la falta de políticas orientadas a prevenir la transmisión del VIH con información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Ante esta realidad preocupante de los derechos sexuales y derechos reproductivos en el Perú, es urgente que el Estado promueva políticas que los garanticen de manera integral, haciendo énfasis en el derecho a decidir de las personas sobre sus propios proyectos de vida. Para ello, es necesario fortalecer un Estado laico en el que las políticas públicas tengan como base a los derechos humanos, y no a creencias personales de las autoridades, además que ellas tienen que desarrollar sus funciones de acuerdo al interés público de todos los ciudadanos y ciudadanas, sin ninguna diferenciación debido a sus creencias religiosas.

 


[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES Continua 2010. p.103

[2] Informe  de  Adjuntía  N°  001-2009-DP/ADDM.  Segundo  Reporte  de  la  Defensoría  del  Pueblo  sobre  el  Cumplimiento  de  la  Ley  de  Igualdad  de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

[3] Promulgada el 5 de abril de 2006, que modifica, entre otros, el artículo 173º del Código Penal.

[4] Reporte de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud, 31 de enero de 2012.

[5] ENDES Continua 2010.