EL ESTADO PERUANO NECESITA FORTALECER SU LAICIDAD COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS AMÉRICA

Latina, al igual que otras regiones, viene avanzando hacia formas más democráticas de hacer política y de establecer mecanismos de autorregulación para construir sociedades más   respetuosas de los derechos humanos, lo que se traduce en la aceptación de las diferencias y el reconocimiento de las personas en condiciones de igualdad. En ese marco, la laicidad es una forma de organizar el Estado, puesto que es la condición que le permite garantizar la autonomía de lo político frente a lo religioso, basando sus políticas en derechos humanos y no en mandatos religiosos. En un Estado laico, las autoridades responden a los intereses de la población y no a los de las iglesias ni de sus jerarquías.

En ese sentido, las autoridades ‐como representantes del Estado y elegidos/as  por el pueblo‐ tienen que defender los derechos humanos y valores democráticos (respeto, libertad, responsabilidad, autonomía, entre otros), colocar  sus creencias religiosas en el ámbito personal y no permitir la influencia de las iglesias en sus decisiones acerca de la ciudadanía, aun cuando la jerarquía religiosa pretenda que el Estado tenga como leyes sus preceptos morales y creencias y quiera que los pecados se conviertan en delitos[1]. Por su parte, de acuerdo a  recientes investigaciones, el 67% de la población señala que la Iglesia no debe intervenir en asuntos del Estado[2].

Marco Normativo

El artículo 50° de la Constitución Política del Perú define el régimen de independencia y autonomía del Estado, y es reforzado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional[3]. La laicidad se vincula con los derechos a  la igualdad y no discriminación y con las libertades de conciencia y de religión, también contemplados en nuestro texto constitucional[4].

Otro antecedente normativo importante que permite el reconocimiento de los derechos de quienes profesan confesiones distintas a la católica es la Ley de Libertad Religiosa[5], que desarrolla los derechos a la libertad de religión e igualdad, y el principio de cooperación del Estado con las diversas confesiones religiosas, que cuentan con reconocimiento constitucional.

Nudos críticos

A la luz de los tiempos actuales, resulta inaceptable  en nombre de las libertades y de un país diverso e intercultural, que el Estado peruano mantenga el Concordato suscrito con la Santa Sede en el año 1980, durante el gobierno militar del General EP Morales Bermúdez.   Debido   al    Concordato,   el    Estado   otorga subvenciones  para  las  personas  y  servicios  de  la  Iglesia  Católica,  así  como  exoneraciones  y  beneficios tributarios permanentes, a la vez que impone el curso de religión católica como materia ordinaria en los centros educativos públicos.

Esta injerencia de la Iglesia Católica avalada por el Estado peruano y respaldada por grupos   conservadores laicos, que han penetrado la esfera política como un actor más, ha permitido la vulneración de muchos derechos. En el Perú, de manera específica, se evidencia pocos avances en cuanto a la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, por la falta de voluntad política y la intromisión de fundamentalismos religiosos en las decisiones de gobierno: se prohibió la distribución pública y gratuita de la anticoncepción oral de emergencia mediante una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, medida que discrimina a las mujeres de menores recursos económicos que no pueden acceder a ella. Además, no se cuenta con una guía nacional o protocolo de atención del aborto terapéutico, permitido desde 1924. En relación al aborto por violación sexual, aún es penalizado pese a las diversas observaciones y recomendaciones de los Comités de las Naciones Unidas y de los Estados Americanos que monitorean el cumplimiento de los tratados suscritos por el Estado. Como medidas preventivas, faltan políticas públicas para la prevención del VIH, para eliminar la discriminación por orientación sexual; entre otras.

Por su parte, en el campo de la educación pública, aun no se garantiza una educación laica, inclusiva y respetuosa de las diferencias y de la interculturalidad. Esto implica, abrir también la pedagogía y la enseñanza a temas vinculados al desarrollo sexual e integral de niños, niñas y adolescentes[6], respetando sus creencias, culturas, generando condiciones para que sean sujetos pensantes y capaces de tomar decisiones sobre su vida y como ciudadanos/as que son.

Deber y responsabilidad de las y los funcionarios públicos

Aunque existe libertad de cultos en nuestro país no existe igualdad entre ellos ya que la Iglesia Católica tiene privilegios que no tienen otras instituciones religiosas. Por todo ello, es urgente e importante, que las y los funcionarios públicos trabajen de manera seria, articulada y orgánica en la propuesta de políticas públicas que permitan mejores prácticas de buen gobierno, de institucionalidad y de una real democracia.

 

[1] ALANIS, Marta. “En defensa del laicismo”. En: CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR – ARGENTINA. Carpeta institucional.

[2] CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR – PERÚ. Sexualidad, religión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: CDD‐Perú,

2011.

[3] ABAD, Samuel. ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde los derechos sexuales y derechos reproductivos. Lima: Católicas por el Derecho a Decidir‐Perú, 2012.

[4] Artículo 2, incisos 2 y 3 de la Constitución Política del Perú.

[5] Ley N° 29635 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2012.

 

[6] El 16 de julio de 2008 se aprobaron los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas para una Educación Sexual Integral, mediante Resolución Directoral N° 0180‐2008‐ED, que todavía no son implementados de forma completa ni a nivel nacional.