ESTADO LAICO Y DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL

Un Estado es laico cuando sus leyes y políticas públicas están basadas en derechos y no en mandatos de una religión o creencia determinada, además cuando garantiza la pluralidad de ideas presentes en una sociedad. Asimismo, no establece privilegios de ningún tipo respecto a una o más iglesias. Un Estado laico  no está en contra de las religiones sino más bien es un Estado que respeta a todas.

Los principios que ayudan a identificar el nivel de laicidad de un Estado son: libertad religiosa; igualdad y no discriminación; neutralidad, laicidad o no confesionalidad; y cooperación del Estado con las confesiones religiosas.

Estado laico y derechos sexuales y derechos reproductivos

El nivel de laicidad de un Estado se encuentra muy vinculado con el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, pues estos conllevan consideraciones éticas y morales diversas que varían de acuerdo a cada sistema de creencias.

De acuerdo a Abad[1], cada religión plantea un sistema de creencias distinto, que valora de manera diversa las relaciones personales, estableciendo códigos morales. Es por ello que la laicidad del Estado es una condición necesaria para procurar el desarrollo pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, atendiendo a un enfoque de derechos humanos.

Asimismo, Nugent[2]  nos recuerda que el Estado se ha construido tomando en cuenta una moral única, la católica, que se presenta como verdadera y la única válida. Así pues, a lo largo de la historia, los líderes de la Iglesia Católica han vigilado y controlado la sexualidad humana. La jerarquía católica ha tratado de definir cómo deben vivir su sexualidad las personas, especialmente las mujeres, presentándola como impura y pecaminosa, objeto de culpa y arrepentimiento. Se han resaltado la virginidad y la sexualidad únicamente con fines reproductivos, la sanción a las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos, la misoginia y la homofobia,  desconociendo  los  principios  de    libertad  de  conciencia  y  de  decisión  reconocidos en  sus documentos oficiales.

La laicidad está estrechamente vinculada con los derechos sexuales y derechos reproductivos por el respeto a  la  libertad  de  conciencia.  Cada  individuo tomará  sus  propias  decisiones  teniendo en  cuenta sus convicciones personales, pero el Estado debe garantizar la libertad de decidir y evitar imposiciones. En un Estado laico se maneja una moral sexual laica construida por la voluntad de la ciudadanía, tomando en consideración el interés público y los derechos de las personas.

Por la despenalización del aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual

El último 28 de setiembre, en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la articulación feminista3 impulsó una iniciativa legislativa ciudadana con la finalidad de despenalizar el aborto en los casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidas, y promover servicios integrales de atención hacia las víctimas de violación sexual. A través de dicha iniciativa, se busca recoger las firmas del 0.3% de la población electoral (poco más de 60,000 firmas) para presentar ante el Congreso un anteproyecto de ley que busca modificar el Código Penal.

Desde Católicas por el Derecho a Decidir‐Perú estamos comprometidas con esta iniciativa por las siguientes razones:

‐La gran mayoría de mujeres violadas sexualmente son menores de 18 años, además 7 de cada 10 mujeres podrían salir embarazadas producto de una violación sexual.

‐Para muchas mujeres continuar con un embarazo producto de una violación sexual es una doble violencia, la primera por el mismo acto de violación y la segunda, porque el Estado actualmente les

impone continuar ese embarazo.

‐Creemos  que  las  maternidades,  como  acto  de  amor,  deben  ser  voluntarias y  deseadas.  La penalización del aborto en estas circunstancias vulnera la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres.

‐La penalización obliga a las mujeres a practicarse un aborto de manera insegura y clandestina. De esta  forma, la  mujer  pone  en  riesgo  su  vida  y su  salud  y se  incrementan  las  cifras  de morbimortalidad materna.

‐Se obliga a las mujeres a continuar con un embarazo no deseado ocasionando graves consecuencias para su salud física y mental.

‐Con la despenalización se garantizará el derecho a decidir de las mujeres, porque la despenalización del aborto por violación sexual no obligará a que todas las mujeres que afrontan esta situación lo

realicen, sino que cada mujer pueda decidir en libertad.

 

[1] ABAD, Samuel. ¿Es el Perú un Estado laico? Análisis jurídico desde los derechos sexuales y derechos reproductivos. Lima: Católicas por el Derecho a Decidir‐Perú, 2012.

[2] NUGENT, Guillermo. El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina. Lima: Desco, CLACSO, 2010.